Columna de opinión

Nuevos estatutos a la rápida

Nuevos estatutos a la rápida
Senador Cristóbal Bruna es estudiante de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno.

Con la irrupción de la dictadura, se generó una verdadera contra reforma universitaria en el Sistema de Educación Superior, la cual llegó a desmantelar la idea matriz de la inédita reforma del 68; las universidades debían estar alineadas con el desarrollo del país. Tras la vuelta de la democracia, la mayoría de las universidades estatales tenían estatutos impuestos en dictadura, hasta que en 2018 se promulgó la Ley 21.094 de Universidades Estatales, la cual mandató a estas instituciones a modificar sus estatutos para adaptarse a las nuevas disposiciones legales. En total, trece universidades modificaron sus estatutos.

Este hito histórico fue producto de un largo proceso de acumulación, inmerso de luchas estudiantiles, de trabajadores/as y de académicos/as que buscaron durante años tener estatutos escritos en democracia. No por un mero logro testimonial, más bien, por la necesidad de fortalecer a las universidades que disputan y reivindican el sentido de lo público, bajo un modelo en donde el Estado indirectamente financia a universidades privadas con escasa regulación, de dudoso rendimiento académico y que, a vista y paciencia, lucran con la educación.

Ahora bien, la ceremonia de firma de los estatutos trajo consigo altas expectativas, sobre todo para el estamento estudiantil y de funcionarios/as no académicos/as, los cuales nuevamente serían reconocidos como actores incidentes en los procesos de construcción de universidad. Sin embargo, este proceso se ha visto opacado por una actitud generalizada por parte de las autoridades de hacer una implementación a la rápida, sin discusión profunda y sin integrar a la 鶹 en su conjunto. ¿Cuántos miembros de las universidades estatales siquiera tienen idea de que se están redactando sus estatutos en democracia?

En primer lugar, hay un debate político que se aloja en el Senado Universitario, Consejo Superior o Consejo Universitario, -según corresponda en cada espacio-, el cual ha girado en torno a los requisitos para ser candidato/a, criterios del procedimiento electoral, y esencialmente sobre los porcentajes de integración por estamento. Desde la vereda del movimiento estudiantil hemos remado hacia una integración proporcional de los estamentos, la cual se contrapone a las propuestas de los rectores/as y/o a la de los sectores más conservadores, que buscan una integración testimonial del voto de estudiantes y funcionarios/as en comparación con el estamento académico. Ello no es antojadizo, es tratar de establecer una proporción que al menos suscite la necesidad de ponerse de acuerdo entre representantes de distintos estamentos, de lo contrario, los conceptos de democracia universitaria y triestamentalidad pierden sentido y se convierten en eslóganes vacíos para mostrarnos como vanguardia a la externa, mientras a la interna se dramatiza la incorporación efectiva de la 鶹.

Lo segundo refiere al alcance que ha tenido este proceso “histórico” en el conjunto de las 鶹es universitarias. Lo cierto es que las autoridades, de manera intencionada o no, han hecho bastante poco por visibilizar la discusión, en donde más allá del resultado de cada reglamento, parece que nos encontramos en una fiesta sin música y sin invitados. Una excepción a la regla ha sido la Universidad de Santiago de Chile, donde se hizo una actividad de apertura de la discusión, con toda la 鶹 invitada a un evento cultural. Más allá de la especificidad normativa, los miembros de la universidad están enterados de lo que ocurre.

Todo lo anterior se da bajo un clima de desafección de la ciudadanía por la participación política, lo cual ha generado un distanciamiento de la sociedad con los procesos políticos, situación que ha permeado a las universidades. El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), al alero de sus principios fundamentales como la democracia, libertad de expresión, igualdad y pluralidad, ha logrado ser un actor relevante en la promoción de la participación ciudadana en el país, pero ¿cómo estamos por casa? Urge el poder levantar iniciativas locales y nacionales que fomenten la participación dentro de nuestras casas de estudio. Si bien, un intento incipiente fue la iniciativa del CUECh en 2022 sobre “Formación Ciudadana en Educación Superior”, debemos avanzar hacia una política nacional de formación ciudadana y fomento de la participación en las universidades públicas.

Por último, he de recordar que el compromiso de las universidades públicas con el fortalecimiento de la democracia debe iniciar por su propia 鶹, en ello, es menester que las instituciones doten de herramientas a sus estamentos para que se organicen y desarrollen. Todos los miembros son necesarios en la compleja pero enriquecedora labor de construir universidad pública.

Cristóbal Bruna, Senador Universitario de la 鶹
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